Ciudad de Panamá, 20 jul (Prensa Latina) El gremio empresarial emplazó al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, para que asista a una mesa única de diálogo con organizaciones sociales en protesta prolongada contra el alto costo de la vida.
En un mensaje a la nación, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del istmo, Marcela Galindo, solicitó mejorar la comunicación del Estado y al mandatario a participar en esas conversaciones que intentan frenar el descontento popular y hallar soluciones a problemas acumulados.
De otra parte, recalcó que los órganos Ejecutivo, Legislativo y el Judicial ataquen todo acto de corrupción, acaben con los privilegios y la falta de transparencia, al tiempo que exigió indiquen una hoja de ruta para implementar planes de austeridad.
A su juicio, ese proceso incluye revisar el Presupuesto del Estado, la eliminación de la ley de incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la aprobación de la ley de conflictos de intereses.
También demandó que el contralor general de la República, Gerardo Solís, cumpla con su rol fiscalizador sobre todo de los Órganos del Estado que la población reclama y la Constitución obliga.
Galindo reveló además que envió una solicitud al Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, para formar parte de la mesa única de diálogo entre los grupos organizados y el Gobierno Nacional, en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.
Además indicó que organizaron el envío de insumos de primera necesidad vía marítima, sin embargo propone poder llegar por tierra a través de un convoy hacia el interior del país con oxígeno, medicamentos, insumos médicos, alimentos y combustibles, para atender a la población afectada por los cierres viales de más de una semana.
Este miércoles los movimientos populares reunidos en la provincia de Coclé precisan detalles de los debates con una agenda de ocho temas prioritarios, entre ellos los precios del combustible, alimentos, medicamentos, electricidad, la lucha anticorrupción y que se destine a la educación el 6,0 por ciento del Producto Interno Bruto, entre otros.
