El jurista denunció que el órgano acusador ha actuado con parcialidad y violando derechos fundamentales, al procesar a funcionarios inocentes mientras exime a verdaderos responsables.
Santo Domingo, RD.- El abogado José Martínez Hoepelman, defensor de la exfuncionaria Princesa Alexandra García Medina, criticó duramente la actuación del Ministerio Público en el proceso del caso Calamar, que se inició en 2021, afirmando que el órgano acusador “decidió perdonar a culpables e imputar a inocentes”.
Durante su intervención en la audiencia, Hoepelman aseguró que su defendida —una empleada pública de carrera con más de 20 años de servicio— fue injustamente incluida en el expediente. “El Ministerio Público imputó a quien dijo la verdad y perdonó a quienes admitieron supuestas irregularidades por miles de millones de pesos”, expresó.
El abogado recordó que García Medina, exdirectora del Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, fue arrestada a su regreso al país tras haber sido tratada inicialmente como testigo. “Le solicitaron que afirmara hechos que no había visto ni vivido; su negativa a mentir para acomodar la versión del Ministerio Público la trajo hoy a este tribunal”, sostuvo Hoepelman, calificando el proceso como una “grosera violación de derechos fundamentales”.
En su exposición, el jurista también cuestionó que el Ministerio Público haya mantenido en libertad a personas que reconocieron responsabilidades directas en las supuestas operaciones irregulares, mientras persigue a funcionarios inocentes que actuaron conforme a la ley. “Es un patrón que se repite en este proceso: los verdaderos culpables fueron premiados y los servidores públicos honestos, castigados”, dijo.
La intervención de Hoepelman se suma a las posiciones expresadas por otras defensas en el juicio, que han cuestionado la falta de objetividad del Ministerio Público y la manipulación de pruebas. En esa línea, su argumento refuerza la tesis de que el expediente carece de fundamento jurídico sólido y responde a un manejo selectivo de responsabilidades en perjuicio de quienes actuaron con transparencia.
