domingo, noviembre 8, 2026
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Leonel propone acabar con las trabas que frenan el desarrollo inmobiliario: “Tenemos que poner este país en orden”

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El expresidente denunció que inversiones millonarias llevan cinco años paralizadas por falta de permisos y planteó establecer plazos obligatorios para que las instituciones públicas respondan a las solicitudes.

HIGÜEY, LA ALTAGRACIA, RD.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó la necesidad de poner fin a las trabas burocráticas que frenan el desarrollo inmobiliario y turístico del país, al denunciar que unos 20 mil millones de dólares en proyectos de inversión permanecen paralizados desde hace cinco años por la falta de permisos de construcción.

Durante un encuentro con representantes de los sectores productivos de la provincia La Altagracia, Fernández sostuvo que la construcción constituye uno de los principales motores de la economía dominicana, pero que las demoras en la aprobación de proyectos están afectando las inversiones, la generación de empleos y el crecimiento económico, especialmente en zonas de gran desarrollo turístico como Punta Cana.

“Yo me he reunido con algunos desarrolladores de proyectos para Punta Cana. 20 mil millones de dólares que están congelados desde hace cinco años porque no dan los permisos para construir. Eso es una infamia. Eso no debe ser. A la gente se le dice sí o no, pero no se espera cinco años para eso”, expresó.

El exmandatario vinculó esta situación con el desempeño negativo del sector construcción, que, según indicó, registró una contracción de 1.8 % el pasado año. Consideró que la falta de respuestas oportunas por parte de las instituciones públicas limita la capacidad del país para atraer capitales, desarrollar infraestructura y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico.

Para enfrentar esta problemática, Fernández propuso establecer una normativa que obligue a las instituciones responsables de otorgar permisos, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, a responder las solicitudes dentro de un plazo previamente establecido. Explicó que, una vez vencido ese período sin una decisión de las autoridades, podría aplicarse el principio del silencio administrativo positivo, de manera que la ausencia de respuesta equivalga a una autorización.

“La norma sería: le damos un plazo del tiempo que establezcamos, cuatro meses, cinco meses, un año. Pero si no ha habido una respuesta concreta por parte de la autoridad pública, entonces el silencio equivale a autorización”, planteó, al señalar que las controversias que pudieran surgir tendrían como instancia jurisdiccional al Tribunal Superior Administrativo.

Fernández aclaró que la agilización de los permisos debe acompañarse de mecanismos de evaluación ambiental, protección de las áreas protegidas y preservación de los terrenos destinados a la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, consideró indispensable que las autoridades establezcan reglas claras y delimiten oportunamente las zonas donde pueden desarrollarse nuevas inversiones.

El presidente de la Fuerza del Pueblo cuestionó que los inversionistas deban esperar hasta cinco años para recibir una respuesta administrativa y advirtió que ese tipo de retrasos puede generar espacios para prácticas irregulares. “Demuestra una de dos cosas: ineptitud, ineficacia o corrupción. Porque también es una manera de presionar para que por debajo de la mesa te lo resuelvo”, manifestó.

Cuestiona endeudamiento y distribución del gasto público

En su intervención, Fernández también criticó el manejo del endeudamiento público y la distribución de los recursos del Estado, al considerar que el país necesita una política económica que priorice la inversión productiva, la generación de empleos y el bienestar de la población.

“Endeudar al país como se ha hecho para de cada 100 pesos gastar 90 en gasto corriente y solamente 10 en gasto de capital, eso no es saber conducir un país”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las políticas de importación que afectan a los productores nacionales y reducen su capacidad de competir en el mercado. Señaló que el desarrollo económico requiere reglas claras, protección de la producción local y condiciones que permitan a los empresarios invertir con confianza.

“Todo eso tiene que cambiar. Tenemos que poner este país en orden, en orden, para que entonces además de estabilidad política tengamos crecimiento económico sostenible y que eso se convierta en desarrollo, prosperidad y bienestar para el pueblo dominicano”, enfatizó.

Empresarios plantean preocupaciones sobre inversión, seguridad y servicios básicos

El encuentro permitió a representantes de diferentes actividades económicas y profesionales exponer ante el expresidente los principales desafíos que enfrentan sus sectores, particularmente en materia de permisos de construcción, infraestructura, seguridad ciudadana, competitividad y acceso a servicios básicos.

Jorge Ipas, representante de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA) y desarrollador inmobiliario, planteó la necesidad de agilizar los procesos de permisología para facilitar la ejecución de proyectos y dinamizar las inversiones en la provincia.

De su lado, Ángel María Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia (UEPAL), expresó su interés en que el crecimiento económico de la demarcación se traduzca en mayores oportunidades para sus habitantes.

La presidenta del Círculo de Locutores, Masiel Peña, manifestó preocupación por los niveles de delincuencia y sus efectos sobre la tranquilidad de los ciudadanos y la seguridad de las inversiones. Señaló que, desde los medios de comunicación, reciben informaciones constantes sobre hechos delictivos que afectan a distintos sectores de la sociedad.

En representación de los jóvenes empresarios, Amdy Melo, vinculado a la Unión de Jóvenes Empresarios Altagracianos, abordó las dificultades que enfrentan los productores para competir con otros mercados.

Asimismo, el desarrollador inmobiliario Daniel Rodríguez Álvarez expuso las deficiencias existentes en los sistemas de alcantarillado y suministro de agua potable, servicios que consideró rezagados frente al crecimiento urbano, turístico e inmobiliario experimentado por la provincia.

En el conversatorio participaron representantes de la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia (UEPAL), la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA), asociaciones hoteleras, la Asociación de Guías de Naturaleza e Interpretación (AGANI), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el Círculo de Locutores, el Club de Leones, organizaciones de abogados y clubes rotarios, entre otras entidades.

También estuvieron representados los sectores turístico, hotelero, inmobiliario, construcción, agropecuario, ganadero, comercial, transporte, salud, servicios financieros, ferreterías, pequeños y medianos negocios, restaurantes, asociaciones de motopréstamos, comerciantes de tiendas de regalos y jóvenes empresarios, lo que permitió abordar las necesidades de distintas actividades económicas de la provincia.

Fernández estuvo acompañado por el diputado de la Fuerza del Pueblo por La Altagracia, Jorge Tavárez; el exdiputado Hamlet Melo, presidente de la Unión de Empresarios de la Provincia La Altagracia; y el también exdiputado Juan Julio Campos Ventura, empresario del sector de las telecomunicaciones.

El encuentro formó parte de la agenda de actividades desarrollada por el presidente de la Fuerza del Pueblo en La Altagracia, donde escuchó directamente los planteamientos de empresarios, productores y profesionales sobre los obstáculos que enfrentan sus actividades y las medidas que consideran necesarias para impulsar el desarrollo económico de la provincia.

Secretaría de Comunicaciones
Fuerza del Pueblo

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