Segundo suplente del Defensor del Pueblo sostuvo que con esta iniciativa se logrará elaborar un plan que contribuya con la regularización de la situación de alrededor de 16,000 personas privadas de libertad.
Santo Domingo, RD. – El segundo suplente del Defensor del Pueblo, c, aseguró que le ha presentado una propuesta mediante correspondencia al ejecutivo de esa institución, Pablo Ulloa, en la que explica tres importantes proyectos que tienen como propósito lograr que ese órgano pueda ser más eficiente en el rol, para el cual fue constituido por el Congreso Nacional.
El también catedrático universitario, explicó que la primera propuesta consiste en la elaboración de un plan en común acuerdo con la entidad Defensora del Pueblo, la Procuraduría General de la República (PGR), la Oficina Nacional Defensoría Pública, un miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDHH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para así poner en práctica un programa que contribuya con el descongestionamiento de los recintos penitenciarios de la República Dominicana.
Sostuvo que con esta iniciativa se logrará elaborar un plan que contribuya con la regularización de la situación de alrededor de 16,000 personas privadas de libertad y que muchas de ellas han sido beneficiadas con la variación de las medidas de coerción, por cumplimiento de la pena y en algunos casos por condiciones de salud.
Puello consideró que “el Defensor del Pueblo, como órgano encargado de salvaguardar los derechos de las personas plasmado en la constitución, su función principal es garantizar el derecho a la libertad y a la dignidad personal como derechos fundamentales plasmado en nuestra Constitución, por lo que debe abocarse a discutir temas de trascendencia que garanticen el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos”.
El segundo suplente del Defensor del Pueblo agregó que se hace urgente la inspección y seguimientos a los programas educativos de todas las cárceles del país a los fines de que los condenados, una vez cumplida su condena puedan, ser reintegrados a su familia y como personas útiles a la sociedad.
Indicó que la institución debe velar por el estricto cumplimiento de la Ley No. 113-21, que regula el sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana, que tiene por objeto la protección de la integridad y dignidad de las que están en las cárceles; la reducción de las consecuencias negativas de su estado, proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre, y evitando con ello la reincidencia.
La segunda propuesta consiste en Institucionalizar y garantizar la dirección colegiada del órgano constitucional reuniéndose por lo menos una vez al mes y cuantas veces sea necesaria para garantizar la institucionalidad, la transparencia, la armonía, unidad, buenas relaciones y sinergia entre los miembros del órgano constitucional.
La tercera propuesta que presenta Puello, consiste en la creación de un consejo de asesores que oriente al órgano constitucional del Defensor del Pueblo en el proceso de vinculación social, derechos humanos y derechos fundamentales integrado de manera voluntaria y honorífica por un miembro de las principales universidades, así como un miembro de las organizaciones antes nombradas.
Miguel Puello manifestó que este consejo se reunirá una vez al mes y tendrá la función de prestar su colaboración y asesoramiento, orientándose básicamente su actividad a evacuar las consultas realizadas en relación con todas aquellas materias que el órgano constitucional tenga a bien someterle o bien presentando propuestas que considere fruto de su experiencia y análisis en materia de derechos humanos y derechos fundamentales.
