Quito, 25 jul (Prensa Latina) La Fiscalía General de Ecuador confirmó que los motines iniciados hace tres días en la Penitenciaría del Litoral, mayor cárcel del país, dejaron ya 31 muertos, mientras las autoridades buscan retomar el control del centro.
Además, la institución informó que 14 personas resultaron heridas, entre ellos un policía y un militar.
El Gobierno, por su parte, dio por concluida la intervención de la fuerza pública en los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría, aunque esta tarde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia divulgó que el trabajo continúa en otros sectores de esa instalación.
En el operativo, encontraron armas de alto calibre, incluyendo dos ametralladoras automáticas modelo UZI con alimentadoras, nueve fusiles, un lanzagranadas y una bomba artesanal, decomisaron cerca de mil cartuchos, dinero en efectivo, joyas y drogas.
En medio de la ola de violencia de la jornada de este martes, las autoridades indicaron que liberaron 120 de los 137 agentes retenidos en cárceles de las provincias de Napo, Cañar, Azuay, Loja, Cotopaxi y El Oro.
Esta mañana el presidente Guillermo Lasso anunció el estado de excepción en todas las prisiones del territorio nacional durante 60 días para facilitar la intervención de policías y militares dentro de esos recintos.
Entretanto, la provincia de Esmeraldas vive un caos, con al menos cinco vehículos quemados en distintas zonas, amenazas de explosivos en gasolineras, así como instalaciones de la Fiscalía y la Corporación Nacional de Electricidad atacadas con bomba molotov.
La ola de violencia en Ecuador se disparó aún más luego del asesinato del alcalde de la ciduad de Manta, Agustín Intriago, el pasado domingo, y los enfrentamientos en diferentes centros penitenciarios del fin de semana.
En total suman casi 500 los privados de libertad muertos en motines carcelarios solamente durante el mandato del presidente Lasso, quien estuvo al frente hoy de una reunión del Comité de Seguridad.
La principal medida resultante de ese encuentro fue que los alcaldes y prefectos podrán adquirir vehículos blindados con recursos públicos, aunque los gobiernos locales señalaron que faltan recursos para implementar acciones en temas de seguridad.
