Ciudad de Panamá, 20 feb (Prensa Latina) Panamá aceptó recibir a 299 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos y servir de puente del tránsito a países de origen, lo que pone en la mira la legalidad que respalda esa medida.
El pasado 1 de julio, el gobierno de José Raúl Mulino, apenas asumió el poder, suscribió un memorando de entendimiento con Washington para que el norteño país sufragara operaciones aéreas para el retorno de los indocumentados, pero no contemplaba la llegada de los deportados, anunciada de manera sorpresiva por el propio jefe de Estado.
De otra parte, en diciembre pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, citando el derecho internacional, afirmó que Panamá no tiene la obligación de aceptar deportados de otras nacionalidades distintas a la panameña.
Para el diario La Prensa, dos meses después, la presencia de migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo asiáticas, encerrados en el hotel Decápolis, de esta capital, pidiendo ayuda, sin un pronunciamiento oficial sobre el asunto y en torno al marco jurídico se sustenta esta medida, ha puesto contra la pared al Ejecutivo.
Interpelado sobre el tema, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, solo supo remitirse al acuerdo de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, que nadie conoce su contenido, mientras el propio mandatario, en medio de la visita a inicios de febrero del secretario de Estado, Marco Rubio, anuncia al país que cedía la pista de aterrizaje de Nicanor, en Metetí, Darién, para las operaciones de deportación.
Ábrego también ha dicho que esta nueva medida se conversó al más alto nivel en la Casa Blanca, con los asesores del presidente Donald Trump. Y cuando le consultaron por qué Panamá se incluyó en esta triangulación, afirmó que es un asunto que le corresponde responder a la Cancillería.
Al respecto, tocó al vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, en conferencia de prensa, precisar entonces que Estados Unidos hizo la solicitud de cooperación, la cual es “ muy específica”, indicó.
Según el diplomático, los perfiles de los migrantes no los escoge Panamá. “Simplemente se nos ha manifestado que son personas que no tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera. Están aquí y son atendidos con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados», subrayó.
Según trascendió, diputados como Ernesto Cedeño solicitó a la Cancillería una copia de ese documento. “No debemos constituirnos en el Guantánamo de Centroamérica”, remarcó.
Para varios analistas, se trata de que la Casa Blanca presiona y coacciona a otras naciones para que se conviertan en parte de su política más agresiva de enfrentamiento a la migración irregular con deportaciones masivas.
El tema resurge con más fuerza en medio de un clima de tensiones, luego de declaraciones amenazantes del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar el Canal de Panamá, bajo influencia de China, lo cual niegan las autoridades.
Para ponerle otro punto más álgido, al debate sobre la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos se suma la estadía en el istmo del almirante Alvin Holsey, nuevo jefe del Comando Sur.
Hasta la fecha, Ábrego informó que unas 10 indocumentados de Uzbekistán y una de India abandonaron el país desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Otro grupo fue trasladado en autobuses hasta el campamento de San Vicente, en Metetí, Darién.
Según el titular de Seguridad, se estima las 170 personas que aceptaron regresar voluntariamente a sus países permanecerían en la nación canalera hasta el domingo de carnaval, el 2 de marzo.
La víspera, el Servicio Nacional de Migración informó que una ciudadana china de nombre Zheng Lijuan se fugó del hotel donde están alojados con ayuda de traficantes de personas.
Sin embargo, en horas de la tarde, el ministro Ábrego informó que había sido ubicada al ser abandonada en la frontera con Costa Rica.
Desde hace una semana los casi 300 migrantes fueron inicialmente trasladados al Hotel Decápolis, que permanece vigilado por fuerzas de seguridad, a la espera de que acepten volver a sus países de origen de manera voluntaria o se encuentren alternativas seguras.
Al menos 13 ya han regresado vía área a sus países y otros 187 permanecen a la espera. Otros 98 fueron llevados la noche del pasado martes al albergue de San Vicente, en la provincia de Darién, donde se ubica la selva homónima que hace de frontera natural con Colombia, tras no haber aceptado por el momento regresar de manera voluntaria a sus países de origen.
