Santo Domingo, 14 abr (Prensa Latina) El gobierno que resulte electo en mayo en República Dominicana deberá implementar la sugerida reforma fiscal debido a la necesidad de aumentar las recaudaciones, y esta, de cara a la situación, podría ser “injusta”, afirmó un experto.
Así lo consideró el especialista en finanzas públicas y macroeconomía Magín Díaz, en su presentación «Desafíos y oportunidades macroeconómicas en la era posCovid», organizada por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).
El evento tuvo lugar en el contexto de Expo Santo Domingo 2024, con sede en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, ocasión en la que señaló que una reforma tributaria para aumentar los ingresos parece inevitable.
El tema fiscal va a ser el gran punto para discutir después de las elecciones presidenciales, e incluso con algo de probabilidad de que la reforma sea enviada al Congreso Nacional durante el periodo de transición, indicó el economista.
El también exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos sostuvo que, con una necesidad tan grande de recursos, la única forma que habría para obtenerlos en el corto plazo sería aumentando la tasa de interés de los impuestos a los sectores que ya pagan.
Manifestó, asimismo, que para una mayor recaudación será insuficiente la eliminación de las leyes de incentivos, el combate a la evasión y el fraude, y la adopción de medidas contra la informalidad.
Consideró que “esto podría llevar a una reforma muy injusta”, y alertó que la economía nacional también enfrentará los retos que plantea el contexto de crisis que atraviesa la vecina Haití.
Citó entre otros aspectos a tener en cuenta los problemas en el sector eléctrico nacional, la desigual carga tributaria, la informalidad laboral, el cambio climático y la corrupción.
La razón no es una crisis inminente (fiscal o de deuda), sino la fuerte restricción que enfrenta el Gobierno y la necesidad de colocar la deuda en una trayectoria descendente, explicó.
Asimismo, planteó que cualquiera de los tres candidatos que gane las elecciones presidenciales del 19 de mayo debe seguir la misma política macroeconómica, que implica independencia del Banco Central, y las políticas promercado y proinversión extranjera.
